Zapatero metió la tijera para hacer cargar el coste de la crisis sobre las espaldas de los empleados públicos, pensionistas y el gasto social. Los sindicatos no tenían otra salida que la huelga general en la función pública. Tal vez podían haberla convocado antes, hace algunas semanas, pero era inevitable. Igual que aprobar por decretazo una reforma laboral sin respaldo sindical conllevará una huelga general. No hay otra salida para las organizaciones sindicales. Y Zapatero ya ha anunciado que ese decreto se aprobará en Consejo de Ministros el 16 de junio, con acuerdo o sin él, es decir; al más puro estilo José María Aznar.
Zapatero ha debido pensar que bajarle el sueldo a los funcionarios no tendría coste social, que la mayor parte de nuestra sociedad no se sentiría concernida por esa medida. Sería lamentable que tuviera razón. Los funcionarios no son unos ociosos oficinistas de vida gris como los pinta Forges, en absoluto. Son los maestros y maestras que educan a nuestros hijos, los trabajadores sociales que cuidan de nuestros mayores, el personal sanitario que nos cura cuando estamos enfermos, los bomberos que apagan los incendios, los agentes que velan por nuestra seguridad, quienes atienden las bibliotecas públicas, etc., etc. Todos ellos son los trabajadores del sector público que van a ver reducidas sus nóminas una media del 5% con efectos desde el 1 de junio.
Mal haría el resto de los trabajadores si creyera que esto no va con ellos. Tras el decretazo contra los sueldos de la función pública, vendrá el decretazo de la reforma laboral. Y a estas alturas ya parece claro que la mayor flexibilidad en las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos va a permitir que en las empresas privadas se impongan rebajas salariales en torno al 5% en la misma línea de las sufridas por los empleados públicos. Así que, tras los funcionarios, van a ir el resto de los trabajadores. A seguir votando !
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